Cuánto vale la firma de Trump si pierde el Congreso

Dentro de dieciséis días Estados Unidos renueva la Cámara de Representantes entera y algo más de un tercio del Senado. Casi todo lo que se escribe sobre estas elecciones gira en torno a una pregunta, si Trump se quedará sin poder. Me parece la pregunta equivocada. Un presidente que pierde el Congreso conserva los aranceles, las ventas de armas, las sanciones y el mando de las fuerzas armadas. Lo que pierde es menos visible y, para el resto del mundo, bastante más caro. Pierde la capacidad de convencer a aliados y adversarios de que lo que firma hoy seguirá en pie cuando él ya no esté.

Y eso, con un presidente que no puede volver a presentarse en 2028, es casi todo.

Empecemos por los números, porque no dicen lo mismo de las dos cámaras. Los modelos de pronóstico dan por muy probable que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes. Call the Map situaba ayer esa probabilidad en el 82% y otros modelos la elevan hasta el 91%. El Senado está mucho más abierto. El mismo modelo da a los demócratas un 56%, que en la práctica es poco más que lanzar una moneda con algo de viento a favor. Necesitan 51 escaños, porque con un empate a 50 el voto decisivo es del vicepresidente JD Vance.

¿Por qué está tan mal Trump a dos semanas de votar? La encuesta AP-NORC de la semana pasada lo explica mejor que cualquier modelo. Ocho de cada diez votantes desaprueban cómo gestiona el coste de la vida y tres de cada cuatro, cómo lleva la economía. La guerra con Irán y el precio de la energía han hecho el resto. Pero el dato que a mí me parece más revelador es otro. Tres cuartas partes de los demócratas dicen que votar es «extremadamente importante», frente a seis de cada diez republicanos. Las elecciones de mitad de mandato las decide quien se molesta en ir a votar, y quince puntos de diferencia en ganas pesan más que cualquier índice de aprobación.

Ya hemos visto esta película. En 2018, en su primer mandato, Trump perdió la Cámara. Lo que vino después sirve de guía. Semanas más tarde empezó el cierre de la Administración más largo de la historia, 35 días, por la financiación del muro con México. Luego llegaron las citaciones, las comparecencias y, en diciembre de 2019, el primer impeachment. Trump salió absuelto por un Senado republicano y siguió gobernando como quiso en casi todo lo que dependía de él.

Con la Camara Perdida, el Senado, con un 56%, es casi una moneda al aire.

Si la Cámara cambia de manos, el efecto empezará el 3 de enero, cuando se constituye el nuevo Congreso, y la secuencia será parecida. Los demócratas controlarán los comités y el calendario, y tendrán una herramienta inmediata, la citación. Podrán exigir documentos sobre la guerra con Irán, sobre la suspensión de las sanciones a Rusia, sobre los aranceles y sobre las ventas de armas aprobadas por la vía de urgencia. Podrán votar otro impeachment si quieren. Lo que no podrán es destituir a nadie, porque la condena exige dos tercios del Senado y esos votos no existen ni en el mejor escenario demócrata.

A mí me ayuda pensarlo como lo pensaría cualquiera que haya pasado por una empresa. Una Cámara demócrata es un consejo de administración que no puede despedir al consejero delegado, pero sí convocarle cada martes a explicar las cuentas.

No le quita la firma. Le obliga a justificar cada una.

Donde sí muerde es en el dinero. Los presupuestos nacen en la Cámara y necesitan a las dos cámaras y la firma del presidente. Con una Cámara demócrata y un Senado republicano, cada ley de gasto se convierte en un pulso y el riesgo de cierre vuelve varias veces al año. Trump conserva el veto, y para superarlo hacen falta dos tercios en ambas cámaras. Así que nadie impone su programa. Se bloquean.

Aquí está el matiz que muchos análisis pasan por alto. Buena parte del poder que Trump ejerce sobre el mundo descansa en leyes viejas que el Congreso le delegó hace décadas, y una mayoría nueva no las deroga por llegar.

En febrero el Tribunal Supremo le cerró la puerta de la ley de emergencias económicas (IEEPA) para imponer aranceles generales. Fue una derrota seria, pero no le quitó el resto. Según el último informe del Servicio de Investigación del Congreso, a 30 de septiembre seguían vigentes aranceles al acero, al aluminio, a los automóviles, a los semiconductores y a ciertos fármacos al amparo de las secciones 232 y 301, además de un arancel del 50% a determinados productos canadienses bajo la sección 338, un artículo de la ley arancelaria de 1930 que casi nadie recordaba. Para retirar cualquiera de ellos, una Cámara demócrata necesitaría aprobar una ley, sacarla adelante en el Senado y conseguir que Trump la firme. O reunir dos tercios contra su veto. No va a pasar.

Perder el Congreso no le quita a Trump los aranceles, las ventas de armas ni las sanciones, porque descansan en leyes que el Congreso le delegó hace décadas.

Con las armas ocurre algo parecido. La ley obliga a notificar las grandes ventas al Congreso con 30 días de antelación, pero permite saltarse el plazo si el Ejecutivo certifica una emergencia. La Administración lo ha hecho este año con Israel, Emiratos, Jordania, Kuwait y Qatar. Y el Congreso nunca ha conseguido parar una venta mediante una resolución de desaprobación.

El caso más ilustrativo es Rusia. El Congreso aprobó por una mayoría abrumadora, con votos de los dos partidos, un paquete de sanciones contra Moscú. Trump lo dejó en suspenso días antes de que entrara en vigor, alegando el interés nacional y un acuerdo de diésel con Putin. Hubo protestas de republicanos y demócratas. No hubo respuesta legislativa. Una ley con exenciones presidenciales es una ley que el presidente puede aparcar, y cambiarla exige otra ley que él también puede vetar.

Si Trump conserva casi todas sus herramientas, ¿por qué debería importarle a un gobierno extranjero quién controle el Congreso? Porque los gobiernos extranjeros no negocian con el presidente de hoy. Negocian con lo que creen que quedará en pie en 2029. Cualquier acuerdo que dependa sólo de una orden ejecutiva puede desaparecer con el siguiente inquilino de la Casa Blanca, y el 3 de noviembre será la primera pista seria de quién puede ser.

Rusia tiene motivos para cerrar acuerdos ya, mientras la firma de Trump todavía vale algo.

Para Europa y Canadá la consecuencia práctica es una tentación muy concreta, firmar poco y esperar. ¿Para qué hacer concesiones duraderas en agricultura, en regulación digital o en compras de energía a cambio de una rebaja arancelaria que puede revertirse por decreto? Yo creo que Bruselas y Ottawa van a negociar con el reloj en la mano, y una Cámara demócrata que ponga cifras al coste de los aranceles para el consumidor estadounidense les dará argumentos para estirar los plazos.

Taiwán está en una posición más delicada. Ya ha visto cómo se retrasaban entregas mientras Washington priorizaba munición para la operación contra Irán. Un Congreso opositor vigilaría más esas decisiones, pero vigilar no es entregar misiles. Lo sensato para Taipéi, y también para Tokio y Seúl, es acumular reservas, diversificar proveedores y no depender del calendario político de una sola capital.

Las monarquías del Golfo apostaron fuerte por la relación personal con Trump, y las ventas de emergencia de este año son el fruto de esa apuesta. Una Cámara demócrata investigaría esas operaciones una por una. No podría cancelarlas desde un comité, pero sí convertir cada nueva aprobación en un trámite más lento y más incómodo.

Con los adversarios la lógica es la misma, pero el incentivo funciona al revés.

A Moscú le conviene la confusión, y una derrota de Trump podría tener un efecto que pocos esperan. Si el Kremlin cree que la ventana de un presidente dispuesto a suspender sanciones se cierra en 2029, tiene todos los motivos para cerrar acuerdos ahora, mientras esa firma todavía vale algo. Me cuesta creer que Putin no haya hecho ya la cuenta. Kiev, en cambio, ganaría aliados en los comités dispuestos a preguntar en voz alta por qué se aparcó una ley aprobada por casi todo el Capitolio.

China juega a otra velocidad. Pekín lleva años aprendiendo a esperar a Washington, y el Supremo ya le ha hecho parte del trabajo al tumbar los aranceles de emergencia. Un presidente con el Congreso en contra es un presidente cuyas treguas comerciales valen menos, y en una negociación eso se traduce en una sola cosa. Ceder menos.

Irán es el caso más serio, porque hay una guerra en marcha. La Ley de Poderes de Guerra existe, pero los presidentes llevan medio siglo discutiendo cuándo se activa, y la herramienta efectiva del Congreso sigue siendo el dinero. Si Teherán interpreta un Congreso demócrata como la antesala de un recorte de fondos, tendrá menos prisa por negociar. No sé si esa lectura sería correcta. Sé que es la que yo haría en su lugar.

¿Y los mercados? La estadística favorita de los estrategas dice que la bolsa estadounidense suele subir en los doce meses posteriores a unas elecciones de mitad de mandato, y que a Wall Street le gusta el bloqueo porque un gobierno paralizado no aprueba leyes que le perjudiquen. Un Congreso dividido no aprobará nuevas rebajas fiscales por reconciliación, y menos déficit nuevo es una buena noticia para el tramo largo de la curva, donde la prima de plazo recoge precisamente el miedo a que el Tesoro siga emitiendo sin freno. Pero el bloqueo también se paga. Conviene recordar el verano de 2011, cuando un Congreso dividido llevó el techo de deuda al límite y S&P retiró a Estados Unidos la máxima calificación. Un cierre de la Administración es ruido para el índice. Tres seguidos empiezan a no serlo para el bono ni para el dólar.

Una Cámara demócrata puede investigar, bloquear presupuestos y forzar cierres de la Administración, pero no destituir al presidente sin dos tercios del Senado.

Dentro de la bolsa el reparto tampoco sería homogéneo. Los fabricantes de defensa estadounidenses muy expuestos a las exportaciones al Golfo tendrían más ruido político en cada contrato. Los europeos seguirían beneficiándose de lo único que todos los gobiernos del continente han sacado en limpio de estos años, que no conviene depender de un solo proveedor.

El dato que habrá que vigilar la noche del 3 de noviembre no es la Cámara, que casi todos dan por perdida para los republicanos. Es el Senado. Con la Cámara, los demócratas consiguen una linterna. Con el Senado consiguen además la llave de los nombramientos, los embajadores, los jueces y los tratados, y eso sí empieza a cambiar cómo funciona el gobierno por dentro. Ni siquiera con las dos podrán deshacer lo que Trump ha hecho sin su firma o sin unos dos tercios que no tienen.

Lo que sí harán es cambiar el cálculo de todos los demás. El 3 de noviembre no decide si Trump puede seguir firmando. Decide cuánto tiempo va a creer el mundo que su firma dura.